Casa tomada

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El conflicto social a raíz de la toma de terrenos públicos puso de manifiesto la crisis habitacional que sufre la ciudad de Buenos Aires. La subejecución presupuestaria y el dinero que la gestión PRO destina a la vivienda social quedaron en el ojo de la tormenta. Críticas a las cifras oficiales por parte de la oposición y la búsqueda de una solución sustentable en el tiempo.                                        

 

La toma del Parque Indoamericano en Villa Soldati y sus consecuencias a nivel político y social, pusieron al descubierto la crisis habitacional que aqueja a la Ciudad de Buenos Aires y la falta de reflejos de la administración porteña para dar una solución definitiva al problema, histórico en el área metropolitana. Más allá de la posibilidad de que las tomas hayan sido instigadas desde sectores de la política –llaman la atención la organización, la participación de punteros y lo oportuno del estallido—se reabre una vieja polémica acerca del destino de los fondos que son asignados a la creación de vivienda social, una de las asignaturas pendientes que el macrismo tiene con la zona sur de la capital, siempre postergada. Ante el reclamo de desalojo forzoso por parte de las autoridades porteñas, que ocasionó dos muertes aún bajo investigación, el problema tiene su correlato a nivel numérico, lo que excede la argumentación inicial y pone de manifiesto la crisis que subyace ante la mirada de los políticos, que parecen actuar como espectadores de una situación que se ha ido de control por propia negligencia. 

 La trama del conflicto es muy compleja. Por un lado, la gestión de Mauricio Macri ha decidido encarar una fragmentación de las unidades administrativas encargadas de llevar adelante las políticas habitacionales. La transferencia que paulatinamente se fue haciendo de funciones y recursos desde el Instituto de la Vivienda de la Ciudad (IVC) hacia la Corporación del Sur, a la Unidad de Gestión e Intervención Social (UGIS), y al Ministerio de Espacio Público, no hicieron más que diluir la responsabilidad del área encargada de llevar a cabo esas políticas. Sumado a esto, la tan criticada subejecución del Presupuesto en materia de vivienda es algo para lo que el PRO aún no ha podido dar una respuesta que satisfaga a otros sectores políticos de la Ciudad, y ha sido la piedra de toque para que la aprobación de la pauta para el 2011 encuentre cientos de obstáculos para poder ser aceptada en el recinto por la oposición. En el año 2009 el Presupuesto del IVC aprobado por la Legislatura ascendía a 519.635.601 pesos, del cual sólo se utilizó 238.567.839 pesos, es decir el 45 por ciento del monto total. Por su parte, en el año 2010 la partida presupuestaria se redujo a 409.488.393 pesos, ejecutándose solamente 73.708.009 pesos, lo que equivale a un 18 por ciento del monto total aprobado. Esta situación de subejecución no ha sido patrimonio exclusivo de la actual administración, sino que ha sido un problema sin resolver a través de los sucesivos gobiernos comunales. El estallido de la toma de terrenos obliga a un replanteo de la situación habitacional que atraviesan miles de personas que viven en asentamientos a lo largo y a lo ancho de la ciudad, crisis que podría agravarse de no mediar una solución política que proyecte a futuro una solución, o que mejore el panorama de los sectores postergados.

 Según estudios independientes se estima que el déficit habitacional en la Ciudad de Buenos Aires alcanza a unas 500 mil personas que viven en situación crítica. Esto incluye problemas en las condiciones de salubridad, acceso al trabajo, educación y salud. La población que reside en villas y asentamientos asciende a por lo menos 150 mil habitantes, con poco más de 2 mil en precaria situación de calle. Aunque el macrismo ha encontrado la solución para desmantelar asentamientos en condiciones infrahumanas y dar solución a sus habitantes, como es el caso de La Lechería, en el barrio de La Paternal, no han sido más que acciones esporádicas que no se enmarcaron en una política integral. Por el contrario, la paradoja reside en que la actividad de la construcción en el área capitalina de mayores recursos se ha incrementado de manera significativa. El aumento de los permisos de construcción habla de la explotación comercial de la vivienda que es apoyada y fomentada desde el Ejecutivo porteño. El rol de las empresas privadas que apuntan a la inversión en ladrillo, se contrapone con la poca atención que reciben cooperativas y empresas auto gestionadas que llevan adelante proyectos de vivienda social. Las cifras ejemplifican un problema irresuelto desde el Estado: En los primeros diez meses de 2010 sólo se ejecutó el 24 por ciento de los gastos de capital destinados a la construcción y arreglo de viviendas, escuelas, hospitales y otros. Así, en el año pasado solo se construyeron 81 viviendas, cuatro escuelas y ningún hospital. El uso del gasto corriente tampoco mejoró la calidad de vida de los porteños, sumado a un incremento de endeudamiento y suba de impuestos, son los responsables de la acusación de ineficacia que los opositores centran en la administración PRO. El riesgo de que los territorios libres o destinados al esparcimiento, como en el caso del Indoamericano, se conviertan en un espacio de disputa entre diversos sectores sociales, habla de la urgencia que requiere atacar la problemática. La multiplicación de los focos de conflicto aún no logró ser descifrada ni por el Gobierno nacional ni por el comunal que se empeñan cada uno en ver conspiraciones del otro, cuyo objetivo no es otro que perjudicarlos electoralmente.

 Los números desagregados del destino de los fondos ejecutados son elocuentes. Desde 2007, el gasto en vivienda cayó significativamente: pasó de 86 por ciento al 52 por ciento en 2009. En el 2010, del 18 por ciento que se ejecutó, algo más de 70 millones de pesos, 60 correspondieron a gastos administrativos. Tampoco fueron utilizados los 139 millones girados por la Nación. El jefe de Gabinete porteño Horacio Rodríguez Larreta, en su última exposición ante la Legislatura acusó al Gobierno de Cristina Fernández de no haberle aportado ningún dinero. Para profundizar la polémica el Ejecutivo nacional difundió estadísticas a nivel país de la construcción de viviendas. Según cifras oficiales, del Plan Federal de Viviendas, el kirchnerismo desde 2003 construyó 302 mil viviendas, más 123 mil en ejecución. En ese informe, se destaca que el distrito donde menos se construyó fue en la Ciudad Autónoma, con 4220 soluciones habitacionales, de las cuales Macri solo ejecutó 892. El dato alarma y denota también que el enfrentamiento latente entre ambas administraciones sigue sin tener tregua.

  Tanto el secretario de Coordinación de la Legislatura y ex presidente de la Comisión de Vivienda, Facundo Di Filippo como el legislador del monobloque Igualdad Social, Martín Hourest coinciden en señalar que en los últimos 3 años se derivaron 591 millones de pesos hacia otras áreas de gobierno, cuyo destino original era la inversión en vivienda social. Las cifras del 2010 hasta el estallido de las tomas habían pasado desapercibidas. “Si se descuentan los sueldos del personal, la ejecución del IVC en los primeros meses del año fue de apenas el 10 por ciento, y si se cuenta sólo lo invertido en obras en construcción, la ejecución llega a un ínfimo uno por ciento”, advirtieron. Del informe “Buenos Aires sin techo”, realizado por la Comisión de Vivienda de la Legislatura, que preside la diputada de la Coalición Cívica, Rocío Sánchez Andía, se desprende además que la gestión PRO redujo la inversión de un 5 a un 3 por ciento del total del presupuesto, con un alto grado de subejecución de partidas. El presupuesto para el IVC, tal como lo aprueba la Legislatura, viene subiendo desde 2007, sobre todo porque se nutre del 70 por ciento de las utilidades por la explotación de juegos de apuestas en la Ciudad. Para el 2011, se prevé una suma de 814,6 millones para el IVC, el doble de lo asignado en 2010. Si bien este es el órgano de aplicación de las políticas habitacionales en la ciudad, el presupuesto 2011 asigna además partidas a la Corporación Buenos Aires Sur, 36,8 millones; a la UGIS, 51,5 millones; a la Dirección de Atención Inmediata del Ministerio de Desarrollo Social, 123,7 millones; a la Unidad Ejecutora de la Ex AU3, destinados a subsidios para desalojos, 196,7 millones; y al Programa de Mejoramiento de Villas, 30 millones.

 Más allá de las cifras que resultan complejas y confusas, la toma del Indoamericano fue el conflicto más grave que Macri debió sortear en lo que va de su gestión. Su enfrentamiento con sectores excluidos bajo la premisa de que “nadie puede pretender hacer suyo lo que no le pertenece”, logró en principio el desalojo del lugar, a pesar de que luego las tomas se multiplicaron en otras zonas, y el apoyo de gran parte de la ciudadanía capitalina que ve proyectado en el discurso macrista, su propia concepción del “otro”. Aún así, restará verificar si el acuerdo alcanzado con el Gobierno nacional que permitirá invertir un peso por cada peso que destine a viviendas la gestión PRO, se plasma en resultados efectivos, o si la disputa entre diferentes concepciones ideológicas prima por sobre la resolución de los conflictos habitacionales, que excluyen a una gran cantidad de gente.

 

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