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COVID-19: La Justicia ordena al Gobierno porteño testear en todos los geriátricos privados a residentes y trabajadores

La Justicia porteña ordenó al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a testear a trabajadores y residentes en los geriátricos privados, luego de hacer lugar a un amparo colectivo que busca garantizar el acceso a la salud de los adultos mayores en plena pandemia de coronavirus.

 

 

El fallo, que puede ser apelado hasta el lunes por la administración de Horacio Rodríguez Larreta, dispone que una vez por semana se realice a empleados y personas que viven en las residencias el test PCR (hisopado), ya que hasta ahora se aplica el serológico que no es efectivo para diagnósticos.

 

El titular del Juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario n.° 10, Aurelio Ammirato, ordenó al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que «dentro del plazo de cinco días de notificado, realice una campaña de testeo preventivo dirigida a las personas hospedadas en todos los establecimientos geriátricos privados situados en la ciudad, y a todos los trabajadores que allí se desempeñan, la cual deberá ser llevada a cabo con frecuencia semanal y mediante reactivo PCR, mientras persista la circulación comunitaria del virus y, por tanto, el riesgo de contagio». Todo ello en el marco de la causa «Geri SA contra GCBA sobre Amparo – Salud – Medicamentos y Tratamientos».

 

El Ejecutivo porteño cuestionó que se haya demostrado la existencia de un perjuicio concreto y que por esto se habilite a demandar por vía de amparo colectivo. A su vez niega que existan derechos constitucionales afectados o que el gobierno haya vulnerado derecho alguno de los pacientes y/o del personal que trabaja en el establecimiento.  Remarcó que «es una institución privada y como tal no se encuentra impedida de adquirir y abastecerse de los test que exige de su contraparte» y entendió que «de articularse por vía judicial estas pretensiones, se haría imposible dar satisfacción a todos los demandantes, circunstancia que no se relaciona únicamente con una cuestión presupuestaria sino también con la escasez de recursos».

 

Para el juez, de los términos de la demanda se desprende que «la pretensión del demandante  reviste carácter colectivo ya que el objeto de debate concierne a la presunta afectación de los derechos a la salud integral y a la vida de un grupo indeterminado pero determinable de individuos que son el conjunto de las personas alojadas en establecimientos geriátricos privados situados en esta ciudad y quienes allí desempeñan tareas laborales de distinta índole, tanto el personal administrativo como mucamas, cocineros, enfermeras, médicos, etc». «Se insta a la protección de tales derechos en el contexto de una crisis sanitaria y se enfoca en la adopción de medidas tendientes a evitar o disminuir la propagación de una pandemia en curso», agregó.

 

La Dirección de Medicina Forense subrayó que «el establecimiento geriátrico reúne varios requisitos fundamentales para ser un lugar de altísimo riesgo de recibir el COVID 19,  determinado por el grupo etáreo de sus pacientes, más de setenta años promedio, el padecimiento en muchos de ellos de enfermedades concurrentes que agravan el curso de la enfermedad COVID y la imposibilidad práctica de establecer una distancia social efectiva». Agregó que «se solicita una periodicidad de siete días en la ejecución del testeo que va unida a la aparición de anticuerpos luego de la infección, medida que hizo suya el Gobierno de la Ciudad en el protocolo ‘Plan de testeos personal de salud y personal general que se desempeña en Residencias Geriátricas’ con fecha del 16/06/2020″. Periocidad que es la adecuada para lo que se solicita», concluyó.

 

 

En su argumentación, el juez destacó que «el objeto procesal del caso no concierne únicamente a la comunidad de cada establecimiento, o a las de todos ellos en su conjunto, sino que trasciende a toda la sociedad dado que la salud pública es un bien indivisible, y en el éxito de las medidas adoptadas se juega finalmente, en mayor o menor medida, el de toda la colectividad». «Por tanto, las soluciones no pueden ser individuales, grupales o sectoriales, sino que necesariamente deben partir del enfoque de la totalidad, ya que todos estamos juntos en esto». 

 

Amplió su análisis y manifestó que «los protocolos vigentes prevén medidas estrictas y efectivas, pero resultan insuficientes (dado que los testeos, que actualmente comprenden únicamente al personal, deben alcanzar también a los residentes) y es preciso aplicar otra metodología diagnóstica para potenciar su eficacia preventiva «Por ello, en lugar de emplear las pruebas serológicas (test rápidos, reservados sobre todo a la investigación epidemiológica o el diagnóstico en poblaciones abiertas y grandes comunidades) debe aplicarse reactivo PCR, de mayor efectividad diagnóstica en este preciso contexto», especificó.

 

Y advirtió que «de la misma descripción del procedimiento que actualmente está llevando a cabo el gobierno, se desprende que el resultado negativo de una prueba serológica no descarta la presencia de infección por COVID-19 así como un resultado positivo no necesariamente implica una infección activa'». «Esta limitación, que la propia demandada admite, corrobora la opinión vertida en el dictamen pericial acerca de la insuficiencia del método utilizado», completó.

 

Por último, Ammirato ordenó que el GCBA continúe con el testeo que ya está realizando sobre los trabajadores, con frecuencia semanal, y extenderlo a los residentes. Pero deberá modificar la metodología diagnóstica, y aplicar a partir de ahora reactivo PCR«. «Esta prestación no es exigible a los geriátricos, dado que no está entre sus obligaciones legales, en tanto que indudablemente es deber del Estado proveer a la salud pública, e implementar para ello todos los dispositivos y recursos a su alcance para proteger a la población y enfrentar este flagelo que azota a la sociedad. Las obras sociales y empresas de medicina prepaga no han sido parte en este juicio, por ello no fueron oídas y, consecuentemente, el respeto del derecho de defensa en juicio y la garantía del debido proceso  impiden condena alguna contra esos sujetos», concluyó.

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