Denuncian criminalización de militantes "para ocultar la crisis habitacional porteña"

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Los legisladores Jorge Taiana, del Frente para la Victoria, y María Rachid, del Movimiento Evita se manifestaron en contra de "la imputación judicial a una militante como partícipe necesaria de la toma de un predio de Villa Lugano".

"El Movimiento Evita no ha tenido nada que ver con la toma. La maniobra es transformar la crisis de vivienda de la Ciudad de Buenos Aires en un ataque a la protesta de las fuerzas que trabajan con los sectores más vulnerables de la sociedad", dijo Taiana, al abrir la conferencia de prensa que se hizo en el salón San Martín de la legislatura porteña, a dos días de la difusión mediática de un expediente judicial que inculpa a la militante Marta Yané.

"Las fuerzas políticas se ocupan de tres cosas: impedir los desalojos violentos, asistir humanitariamente a la gente, y trabajar por una solución definitiva al problema de la vivienda y la falta de urbanización de las villas", dijo Taiana, al diferenciar la acción de la militancia de delitos o hechos "mafiosos". 

Marta Yané, que se enteró por los medios de comunicación que estaba incluida en el expediente de "NN sobre usurpación" como partícipe necesaria en la toma de Lugano y se presentará en la audiencia el jueves próximo ante la justicia, dijo a Télam que lamentaba que "se confunda al trabajo de la militancia con los delitos de las mafias".

"Milito hace 30 años. Desde hace 10 que lo hago en el Movimiento Evita. Vivo donde milito: en dos piezas de un conventillo; jamás le negué algo a un vecino, ni cobré un flete de una mercadería. Nunca hice plata con la política. Todos me conocen", dijo Yané al presentarse, después de una reunión que contó con una veintena de legisladores que expresaron su solidaridad con la mujer.

Yané explicó que "su trabajo fue acompañar a los vecinos de Lugano  imputados en la causa de usurpación, a las reuniones en los juzgados, con el defensor del Pueblo y con los distintos bloques legislativos".

"El gobierno pretende confundir a la sociedad comparando nuestro trabajo militante con gente que aprovecha la emergencia social para hacer negocios inmobiliarios: las mafias", señaló Yané.

"La gente de Lugano fue censada y la necesidad de vivienda es de toda la villa 20, no solo de los que ocuparon el predio. Es obligación del gobierno cumplir con la Ley 1770", añadió.

Para el macrismo, "urbanizar es abrir calles, pintar fachadas, y exigir al gobierno nacional la entrega de las tierras. Desde nuestro proyecto nacional y popular la urbanización es un proceso de integración sociocultural", explicó la militante acusada de "sostener en el tiempo una toma de tierras ella sola como participe necesario", consideró el abogado del movimiento, Juan Manuel Di Teodoro. 

Participaron del pronunciamiento Gabriela Alegre (FpV), Gabriel Fuks (FpV), Paula Penacca (FpV), José Campagnoli (Nuevo Encuentro), Aníbal Ibarra (Frente Progresista Popular) y Pablo Ferreyra (Izquierda Popular).

Fuks sostuvo que "toda represión y criminalidad que se da en el marco de la toma de tierras es producto del incumplimiento por parte de la Ciudad de la Ley 1770".

Esta ley, dijo Fuks, "aprobada en el 2005, obligaba al Estado porteño a urbanizar el predio de la Villa 20, en Villa Lugano".
Ibarra calificó "el accionar del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad como una persecución" y llamó a los fiscales a que "busquen a los funcionarios que no cumplieron su obligaciones".

                                                                                                                                                             Télam

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