El macrismo quiere ampliar el estacionamiento tarifado en la ciudad

cepoEl macrismo aspira a llevar a 160 mil las plazas para estacionamiento medido en la ciudad. De aplicarse, impactará en casi todos los barrios porteños y en zonas residenciales. Habrá aumentos en el valor de las fichas y tarifas progresivas para quienes dejen los autos cerca de zonas comerciales. Está previsto que luego de diez años vuelva el cepo en la ciudad y haya más playas de acarreo. Pocos beneficios para vecinos. Las ONG ya cuestionaron el proyecto.

 

La iniciativa concreta del PRO vio la luz a principios de abril, pero se viene planeando desde mucho antes. El ambicioso proyecto surgido de las usinas del macrismo de extender las zonas de estacionamiento pago a casi todos los barrios de la capital espera tratamiento en la Legislatura, pero ya desató la polémica entre quienes sostienen que ayudará al ordenamiento del tránsito y los que ven que detrás del proyecto se esconde un fabuloso negocio privado.

De acuerdo a lo que pudo conocerse, se implementará en 44 de los 48 barrios porteños y logará que las plazas de estacionamiento medido en toda la ciudad trepen de 8 mil a 160 mil. Tarifa progresiva en algunos barrios,  y aumentada en hasta un 293% con respecto a la actual, completan el combo, que tendrá un arduo camino de debate. Organizaciones de vecinos y la ONG “No al Parquímetro” ya elevaron sus voces en contra.

Diseñada por la Subsecretaría de Tránsito porteña, contempla extender el sistema de Estacionamiento Medido y Acarreos en la Ciudad a barrios como Núñez, Colegiales, Villa Urquiza, Parque Chas, Villa Devoto, Mataderos, Parque Avellaneda, Villa Lugano, Nueva Pompeya, La Boca, Constitución, Puerto Madero y San Cristóbal. Según el mapa preliminar que manejan los legisladores, el 16% de los espacios de tarifa regulada abarcará el microcentro, Av. Rivadavia, parte de Palermo, Belgrano, Villa Urquiza, Floresta y Flores. Solo quedarían exceptuados los que estacionen en Villa Soldati, Versalles, Villa Pueyrredón y Coghlan. De todas formas, luego de la inundación que dejó daños materiales en buena parte de la ciudad, es posible que se decida como gesto, no sumar una nueva complicación a los vecinos que fueron afectados por el agua.

La puerta se abrió con una ley aprobada por los legisladores de varias bancadas el 11 de noviembre de 2011, pero los intentos de instalar el tema datan de 2008, y cada año renuevan fuerzas. La modificación del Código de Tránsito y Transporte habilitó la ampliación del estacionamiento medido para "favorecer el ordenamiento del tránsito en las zonas de alta densidad, optimizar el uso de los espacios disponibles y favorecer la rotación". No está definido cuánto costará la hora de estacionamiento, cuyo valor actual es de $ 1,40 por ficha, pero ya se estima un precio que oscilará entre $ 3 y $ 6, más allá de que en algunas zonas más pobladas y complicadas para el tránsito será progresivo y  arrancaría en $ 6 la primera hora, $ 8 la segunda, $ 10 la tercera y llegaría a $ 12 a partir de la cuarta. Todos estos números finales tendrán que ser definidos a través de audiencia pública.

El plan prevé que se divida a la ciudad en cinco zonas. Habrá tarifa progresiva tarifa simple, que abarcará aproximadamente un 38% de la superficie afectada a la regulación. En cada una de las zonas, habrá una playa de acarreo, donde serán trasladados los autos en infracción.

Desde que los legisladores abrieron el camino para que esto pueda trasladarse a la realidad, se expresó el rechazo de los vecinos de las zonas comerciales, aunque desde el gobierno se apuraron a aclarar que los residentes, hasta 500 metros de su domicilio, estarían exentos. Ante tan difuso límite, la confianza es un acto de fe ya que se aclaró que esto será así, siempre y cuando sea una zona de tarifa simple. Si es progresiva, se le descontará al vecino solamente el 50% del costo de la ficha. El fantasma del cepo que inmoviliza los vehículos como forma de castigo ante la infracción también volvió a rondar la posible implementación del plan. El cepo funcionó en la Ciudad de Buenos Aires durante diez años, de 1991 a 2001, durante la gestión de Carlos Grosso.

La principal objeción planteada por vecinos y asociaciones es la falta de alternativas ante el cambio y el incumplimiento de normas aprobadas con anterioridad. De acuerdo a lo que dice la Ley 4003 promulgada en noviembre de 2011, las grúas y el estacionamiento debía estar bajo control estatal. Precisamente las dos empresas privadas que hoy operan –SEC y STO- tienen su contrato vencido desde el año 2001, y son anualmente renovadas sus autorizaciones para acarrear vehículos en una situación jurídica precaria, y abonando a la ciudad un canon irrisorio. 

Sistema de Estacionamiento Controlado (SEC), propiedad de BRD Safici; y Sistema de Tránsito Ordenado (STO), que pertenece a Dakota SA, tenían contrato desde 1990, cuando era intendente Grosso. La gestión PRO aumentó la tarifa de acarreo en los últimos años de 56,40 a 190 pesos y luego a 350, sin embargo no hubo renovación de parquímetros y tiqueteadoras, mientras las grúas trasladando vehículos en casos de vencimiento de ticket por unos minutos, o incluso fuera de infracción se han convertido en un clásico. Lo mismo que las señalizaciones confusas que llevan a cometer faltas involuntarias a muchos automovilistas.

Estas empresas, que no tendrían impedimento alguno para participar de las licitaciones para las futuras zonas, facturan al año cerca de 114 millones de pesos, según estimaciones extraoficiales. Desde hace años pagaban a la ciudad solamente mil pesos por mes en concepto de canon. Recién en 2011 ese monto pasó a $ 30.000, pero un acuerdo firmado con el macrismo en febrero de ese año estableció, en su cláusula sexta, que la suba comenzaba a regir "a partir de la fecha en que el GCBA cumpla con el pago de los mayores costos". Es decir, que SEC y STO pagarían esa suma cuando la ciudad les reintegre los aumentos salariales de sus empleados.

“Sigue existiendo un gran negociado y se está beneficiando a las empresas en contra del vecino y de cualquier tipo de transparencia”, advirtió Juan Chavarri, de la ONG “No al Parquímetro”.

El mismo organismo subrayó que tampoco se respetó lo que indica la ley 356 y 357 para la utilización de la Playa Subterránea de Plaza Emilio Mitre (Av. Las Heras y Av. Pueyrredón). “Aquellos espacios construidos debían ser para uso vecinal y se firmó un Contrato a 20 años destinando las cocheras a un uso disuasorio”, afirmaron en un comunicado. En el primer subsuelo, incluso operan los talleres de una concesionaria de autos.

 

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