Los Tribunales Vecinales son una herramienta creada por la Constitución de la Ciudad para aliviar el sistema judicial tradicional y acercarlo a los vecinos. Aún no fueron reglamentados y no hay plazos para que la Nación traspase las competencias necesarias. La forma de estructurarlos anticipa la polémica.

 

 

Que la justicia se encuentra sobrepasada, no es noticia. Que el acceso de la ciudadanía a un sistema judicial que le permita dirimir asuntos de convivencia cotidiana es limitado por no decir nulo, es un hecho. Pero pocos conocen que desde la sanción de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, además de establecerse el marco para descentralizarla políticamente, se contempla también la creación de un sistema de justicia cercano al vecino y con competencias que tengan por objetivo dirimir conflictos menores de manera rápida y efectiva.  

El tema de la reglamentación de los Tribunales Vecinales aún no está entre las prioridades de la Legislatura aunque se estima que antes de fin de año algunos de los proyectos que todavía tienen vigencia puedan llegar a discutirse en el recinto.  

La complejidad de traspasar un sistema judicial que siempre estuvo concentrado a nivel federal plantea una serie de dudas entre los legisladores, que ven la reglamentación de este innovador fuero bastante lejana en el horizonte.   

A pesar de estar en el texto de la Constitución de la Ciudad, sancionada en 1996, que establece en su cláusula transitoria 12º que la Legislatura creará los Tribunales de Vecindad en cada Comuna, la descentralización judicial parece estar aún más retrasada que la política. El texto de la legislación impone que cada tribunal sea integrado por tres jueces, que entenderán en materias de vecindad, medianería, propiedad horizontal, locaciones, cuestiones civiles y comerciales, prevención en materia de violencia familiar y protección de personas.  

El objetivo de máxima que persigue la creación de estos tribunales es el de descongestionar el actual sistema de justicia que no brinda respuesta ni contención a los requerimientos de los vecinos. Los defensores de este sistema vaticinan que con la creación de este fuero el clima de convivencia y de seguridad en los barrios mejorará. 

Antecedentes de este tipo de tribunales se pueden rastrear en Francia, Estados Unidos y el Reino Unido. Pero el ejemplo paradigmático surge de la cosmopolita ciudad española de Barcelona. Allí, se ha logrado aceitar un mecanismo de probada efectividad que alivia al tradicional sistema judicial. De todas formas, no es preciso ir tan lejos para comprobar cómo es posible instrumentar el acceso de la ciudadanía a la solución de los conflictos cotidianos. “Los jueces de paz en las provincias argentinas son la mejor figura para ejemplificar cómo podría llegar a funcionar este sistema en Buenos Aires”, señala el abogado Lisandro Techskiewicz, que patrocinó los amparos a favor de que se cumpla con el llamado a elecciones para las autoridades comunales.  

El letrado descree de la voluntad política de la actual gestión que, según él, ha “desandado el camino” a favor de una genuina descentralización y autonomía comunal, convirtiendo los actuales Centros de Gestión y Participación en meras “ventanillas para trámites”. 

Como es sabido, en el fuero penal se identifican los delitos de acción pública o privada, pero los matices entre estos delitos obligan a tener una clasificación mucho más cuidadosa acerca de cuáles deberán ser traspasados al ámbito de la Ciudad. La función de los Tribunales Vecinales será entonces la de absorber aquellas faltas cuya pena no implicara una sanción efectiva de prisión. Algo así como una "probation" que implique trabajo comunitario para reparar la falta. En materia civil, el límite de la reglamentación debe estar establecido por el monto de dinero que se reclame.

Actualmente, el traspaso de las competencias judiciales al ámbito de la ciudad es una de las materias pendientes a legislar por el Congreso Nacional. A pesar de que se ha avanzado en el traspaso del fuero penal, en el civil, el proyecto del diputado del Frente para la Victoria, Carlos Kunkel todavía no fue discutido. Las negociaciones entre el ámbito nacional y el propio de la Ciudad parecen estar empantanadas en esta instancia.  

Entre las ventajas de los Tribunales Vecinales se encuentra la de ser una instancia única en la que los vecinos puedan resolver de manera económica –sin abonar la habitual la tasa de justicia- rápida y sencilla los conflictos que habitualmente no llegan a los tribunales ordinarios por los temas y los montos a litigar. Que los procesos sean orales, públicos y más informales le otorga una característica distintiva a esta modalidad que contempla incluso una etapa previa similar a la mediación. Por esto, se los llama tribunales de menor cuantía, pero su función es esencial para asegurar un acceso a la justicia más equitativo para todos los ciudadanos. 

Hasta aquí todo parece apuntar a un sistema ideal. Pero la legisladora porteña del bloque Encuentro Popular para la Victoria, Gabriela Alegre subraya que debe prestarse mucha atención a su reglamentación para no caer en un sistema “burocrático” que en lugar de agilizar el sistema judicial, termine entorpeciéndolo. Alegre, a su vez, diferencia el tipo de funciones que puedan llegar a tener y señala que se debe ser cuidadoso en “no confundir problemas entre vecinos por cuestiones como puede ser un diferendo por medianeras, con asuntos relacionados a la violencia familiar o de género”. El quid de la cuestión será entonces cómo se reglamenten porque “puede ser un arma de doble filo”, advierte Alegre.  

 

En la comisión de Justicia de la Legislatura porteña solo quedan tres proyectos que aún poseen estado parlamentario. Supo haber ocho, pertenecientes a varios bloques, pero la demora en el tratamiento de cada uno motivó que caducaran. Los de los diputados Gonzalo Ruanova (Nuevo Encuentro), y los de los macristas María Eugenia Rodríguez Araya y Jorge Garayalde todavía están habilitados para la discusión. Estos, comparten un núcleo común acerca cómo los tribunales deben ser estructurados, pero difieren en cuestiones procesales. La forma de elección de los magistrados y si los denunciantes deben o no tener patrocinio de abogados durante el proceso marcan las principales diferencias. "La idea de todos los proyectos es generar máxima accesibilidad a la justicia", sostiene el diputado del PRO Gerardo Ingramano, Presidente de la Comisión de Justicia de la Legislatura que espera que al menos uno, sea incluido en la agenda parlamentaria correspondiente al segundo semestre del año dada la relevancia que los asuntos de seguridad y justicia adquirieron en el temario de la política.

 

De todas formas, y aunque llegaran a reglamentar cuestiones básicas de la conformación de estos estrados, la legislación corre el riesgo de ser letra muerta. Sin la transferencia de competencias de la justicia ordinaria a la órbita de la Ciudad de Buenos Aires, no hay posibilidad de dotar de contenido a las funciones de los Tribunales Vecinales.

 

El hecho de que no se hayan establecido plazos en el cronograma oficial para la transferencia de las competencias ni para la creación del fuero, sumado a que también se solicitará a la Nación un traspaso de fondos para su manutención, alejan la posibilidad de que en un plazo cercano los vecinos de la Ciudad de Buenos Aires tengan a su alcance sus propios tribunales. 

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