Miércoles 12 Diciembre 2018

Comuna 12   

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Esperan la mesa de negociación que se realizará el próximo 22 de octubre. Mientras, las actividades habituales y servicios gratuitos a la comunidad se mantienen activos. Los vecinos autoconvocados continúan en asamblea permanente.

 

En el día de ayer a las 8:30 horas un oficial de la justicia y efectivos de la Policía Federal irrumpieron en el local de Av. Triunvirato al 4700 bajo la orden de desalojar la Asamblea de vecinos autoconvocados de Villa Urquiza. Rápidamente la noticia se masificó a través de las redes sociales, medios barriales y nacionales.

Con el apoyo de la gente, cortaron Av. Triunvirato y lograron resistir el desalojo. Junto al Defensor del Pueblo de la Ciudad, Alejandro Amor, firmaron un acuerdo para abrir una mesa de diálogo con la Agencia de Administración de Bienes del Estado el día 22 de octubre, bajo la condición de que el desalojo se efectúe el próximo 31 de octubre. Hasta esa fecha los vecinos tendrán las llaves del lugar. “La única certeza que tenemos es que la asamblea existe y va a seguir existiendo”, dijo Liliana Rodríguez, tallerista.

La asesora legal de la Asamblea Nora Perusin aseguró que “para fin de mes está previsto el desalojo, mientras tanto no se entregarán las llaves del local. En el marco de lo legal es muy poco lo que se puede hacer, la alternativa es que nos den otro lugar. Pero el 31 de octubre a las 10hs es el último plazo para dejar el inmueble”.

 “Cuando llegaron nosotros estábamos haciendo vigilia permanente en el espacio. El desalojo había sido aprobado en el Juzgado Nº1 en lo Contencioso Federal. Dejamos ingresar al oficial de justicia y empezamos a convocar a los vecinos para hacer fuerza. Una gran cantidad de personas se hicieron presentes y juntos defendimos esta decisión injusta de desalojar un espacio que tiene 16 años de vida. Vamos a definir en asamblea una estrategia para el 22 de octubre”, dijo Marcos Benítez, integrante de la Asamblea de Villa Urquiza. 

asamblea resiste

El Observatorio del Derecho a la Ciudad informó que la Administración de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad del Estado (ADIF S.E.) inició juicio de desalojo fundándose en la Ley N° 17.091 sancionada en el año 1966, durante la dictadura de Juan Carlos Onganía. La normativa autoriza los desalojos sumarios en caso de concesión de inmuebles de propiedad del Estado que estuviesen destinados principalmente a actividades lucrativas. “Un juicio sin derecho de defensa no es un juicio constitucional. Tanto el Estado Nacional como la Ciudad de Buenos Aires tienen la obligación constitucional de proteger los ámbitos comunitarios culturales”, aclararon.

En el año 2002 los vecinos recuperaron la ex pizzería “La Ideal”, ubicada en la Av. Triunvirato entre la Av. Roosvelt y la vía del tren Mitre, y lo transformaron en un espacio abierto y gratuito a la comunidad. Ha funcionado desde un comedor hasta un bachillerato que otorga títulos oficiales, además de ofrecer talleres artísticos, culturales, de oficio, de electricidad, de serigrafía y talleres de integración.

“Quieren desalojarnos porque el Gobierno Nacional, a través de la AABE, pretende vender la tierra pública. Y lo pretende llevar a cabo mediante un proceso ilegal, sostenido por un decreto de la dictadura, donde se concibe al territorio como un espacio ocioso, excepto para el negociado, y donde además no se le permite a la parte demandada, afectada, a tener derecho a la defensa”, expresó un comunicado de la Asamblea.

En ese sentido, Marcos Benítez agregó: “Estamos haciendo un trabajo público y gratuito, y el Gobierno de la Ciudad junto con el Gobierno Nacional buscan negociar y vender los terrenos públicos. El plan del gobierno es subastar toda la manzana. Por suerte hubo una gran respuesta de vecinos y se logró posponer la fecha para el 31. Este jueves realizamos un abrazo a la Asamblea y el sábado una merienda popular”.