Un deuda incómoda para la ciudad

 discapacitada trabajando

La normativa de carácter constitucional afirma que un 5 por ciento del total de los empleados que trabajen en dependencias estatales o contratistas deben ser personas con algún tipo de discapacidad. La ley que busca alcanzar una mayor inclusión no ha sido respetada por la gestión porteña, que no llega al 1,4 por ciento del total en este sentido. Las organizaciones que luchan por los derechos y la igualdad denuncian que los incumplimientos también se dan en los transportes, los hospitales, las escuelas y en la vía pública.

 

Una de las grandes deudas del gobierno de la ciudad es cumplir con la norma que indica que el 5 por ciento del personal que se desempeña en dependencias estatales o sus contratistas sean personas con algún tipo de discapacidad. Sentencia judicial de por medio, la gestión PRO se ve obligada a cumplir con el reto de garantizar la inclusión, pero en medio de la campaña por las elecciones porteñas, el tema pasó a un segundo plano.  Hasta el momento, el macrismo logró que solo el 1,4 por ciento del personal de las empresas concesionarias de servicios públicos en la ciudad tenga capacidades diferentes, lo que motivó el reclamo de entidades que buscan lograr que todas las personas estén en pie de igualdad a la hora de conseguir trabajo en entidades públicas o relacionadas con el gobierno.

No es una norma arbitraria, sino que la Constitución porteña sancionada en 1996 y una reglamentación complementaria confirman la necesidad de garantizar la inclusión en todos los órdenes de la administración porteña. La obligación, de acuerdo con la legislación porteña, rige tanto para el Estado local como para las empresas concesionarias de servicios públicos. Esto se suma a que el 3 de marzo de 2011, la Sala II de la Justicia Contenciosa de la Ciudad confirmó la sentencia que obliga a la gestión PRO a garantizar el derecho a la educación de niños con discapacidad. Pero el gobierno presentó un pedido de inconstitucionalidad para que el Tribunal Superior de la Ciudad deje sin efecto la sentencia, impulsada por la entidad ¡Acceso Ya! cuestionado a su vez el interés del macrismo por trabajar en el cumplimiento de la ley y en su obligación de garantizar el derecho a la educación de las personas con discapacidad.

Recientemente, Cliba –contratista del servicio de limpieza y recolección de residuos—fue obligada por la justicia luego de una demanda promovida por la Red de los derechos de las Personas con Discapacidad (REDI) a incorporar personal bajo esta normativa. El antecedente es inquietante: en tres años, solo treinta personas fueron contratadas de un total de 4700 aspirantes inscriptos en la nómina. Aunque la Comisión para la plena Participación e Inclusión de las personas con discapacidad (COPIDIS) fue elevada de rango durante la gestión PRO, los avances no han sido contundentes. La Cooperativa EBC intentó comunicarse con la licenciada Marina Klemensiewicz, recientemente electa legisladora porteña por el PRO y titular de la entidad, pero los avatares de la segunda vuelta electoral en la ciudad impidieron que pudiera plasmar su visión del escenario en materia de inclusión.

El pasado miércoles 27 de julio, organizaciones de discapacitados realizaron una protesta frente a la sede del Gobierno porteño por el incumplimiento de las reformas edilicias para las personas con capacidades distintas. La situación fue tirante y se coló como tema de discusión en los cruces por el balotaje en la ciudad. Bajo la consigna "No lo votamos a Macri", integrantes de la red por los derechos de personas con discapacidad (REDI) y del movimiento de personas con discapacidad de Argentina (MovPeDiA) se manifestaron al mediodía en un acto frente a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Los organizadores denunciaron que en materia de trabajo, "de los 4700 aspirantes registrados COPIDIS, solo 30 fueron contratados de acuerdo al cupo laboral, incumpliendo los plazos e incorporaciones pautadas por la ley". En ese sentido, apuntaron a Klemensiewicz, que proviene del riñón de la diputada macrista Gabriela Michetti.

Así fue que los manifestantes denunciaron que la funcionaria y ahora legisladora electa “implementó una política expulsiva de los representantes de las organizaciones de personas con discapacidad en su Consejo Consultivo", y que en materia de transporte, "la orden judicial de instalar ascensores en todas las estaciones de subte no fue cumplida". "Las rampas de veredas tienen desniveles de hasta 5 centímetros y en muchos casos ni hay rampas, el estado de las veredas de la Ciudad es lamentable", agregaron. En cuanto a la educación, "no se cumple con la orden judicial de brindar accesibilidad en todas las escuelas, faltando a su promesa de campaña. Las escuelas no son accesibles ni inclusivas", subrayaron. La denuncia también apuntó a los hospitales públicos por la falta de recursos para la rehabilitación así también como los insumos para la atención de las personas con discapacidad. El cierre del servicio de Zooterapia que funcionaba en el Parque Roca, donde se atendían niños con capacidades diferentes en su mayoría de bajos recursos fue uno de los ejes del reclamo. El acto tuvo una fuerte consigna en tono electoral: "No lo votamos porque para él no existimos Macri: para las personas con discapacidad vos no sos bienvenido al gobierno de la ciudad", concluyeron. A la luz de los resultados electorales, esto no alcanzó para revertir el resultado favorable al PRO en primera vuelta.

Una de las posturas que se objetaron fue la de Klemensiewicz, que afirmó que no existen normas que obliguen a los privados a brindar accesibilidad en edificios existentes. Además, el Jefe de Gobierno vetó dos leyes, que de haberse promulgado hubieran contribuidos a mejorar la situación habitacional de personas con discapacidad en situación de pobreza. Los incumplimientos detallados en un comunicado, tenían como eje la vía pública donde a pesar de las obras realizadas en los últimos tres años, los incumplimientos siguen siendo considerables. En materia de transporte, por ejemplo, incumplió el dictamen judicial de instalar ascensores en todas las estaciones de subte, y asegurar su funcionamiento, y en las escuelas, no cumplió el dictamen judicial de brindar accesibilidad en todas las escuelas. El 95% de las escuelas privadas y 75% de las públicas porteñas no cumplen con condiciones mínimas de accesibilidad: no cuentan con rampas de acceso para que ingrese una persona en silla de ruedas o carecen de ascensores y baños adaptados, entre muchos otros obstáculos. El 3 de marzo de 2011, la Sala II de la Justicia Contenciosa de la Ciudad confirmó la sentencia que obliga al GCBA a garantizar el derecho a la educación de niños/as con discapacidad. El PRO no lo tomó como un asunto prioritario en medio de la campaña por la reelección de Mauricio Macri.

La Constitución porteña, en su artículo 43, establece que todo contrato de concesión de servicios debe asegurar un cupo laboral del 5 por ciento para personas con discapacidad. La ley 1502, sancionada en 2004, le da al Estado y a los concesionarios un plazo de cinco años para cumplir con esa exigencia. Apenas cumplido el período en 2010, el macrismo intentó una prórroga por otros cinco años, pero solo logró que fuera hasta diciembre de este año. De lo poco que se avanzó en este lapso, las organizaciones que luchan por los derechos de las personas con discapacidad no están esperanzadas en mejoras. Resta que la justicia sirva como antecedente para impulsar mejoras una vez que baje la espuma de las campañas electorales.

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