Ciudad

Masiva concurrencia a la audiencia pública por la venta de terrenos en Costa Salguero

costa salguero

 

Con más de 7 mil inscriptos, comenzó a rodar el viernes 27 de noviembre y se prolongará por 29 jornadas hasta el 27 de enero. Para quienes se oponen al proyecto –que prevé la venta de una parte del predio para la construcción de viviendas, locales y oficinas– este “nivel histórico” de participación es una muestra más del rechazo que la propuesta del Ejecutivo despierta en la sociedad.


Hablamos de los terrenos, linderos al Río de la Plata, de Costa Salguero y Punta Carrasco, cuyas concesiones vencen en 2021. La rezonificación que la Legislatura porteña votó el último octubre permitiría construir allí un complejo de edificios, pero como se trata de una ley de doble lectura debe mediar una audiencia pública que, si bien no es vinculante, permite que las voces a favor y en contra se hagan sonar. En este caso la cantidad de inscriptos fue tan abrumadora que no solo obligó a reprogramar los tiempos de tratamiento (la segunda lectura ya no será, como estaba previsto, el 10 de diciembre), sino que se abren interrogantes sobre lo que podría suceder con un proyecto cuya aprobación parecía un trámite.


La primera jornada de la audiencia duró más de ocho horas y contó con cerca de cien expositores y oradores. Abrieron el encuentro Álvaro García Resta, secretario de Desarrollo Urbano porteño; Juanjo Méndez, de Transporte y Obras Públicas, y Valeria Frank, arquitecta que, junto a su socio Federico Menichetti, ganó el concurso Buenos Aires y el Río “Parque Salguero”, una convocatoria promovida por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y organizada por la Sociedad Central de Arquitectos y la Facultad de Arquitectura la UBA.


¿Qué arguyen las voces a favor? Que el desarrollo urbanístico plantea una renovada relación con el borde costero. Que el sector de viviendas, oficinas y comercios ocuparía solo una parte del predio, que sería mayormente destinado a espacio público. Y que no se puede decir que se construirán “torres”, ya que existen limitaciones de altura dadas por el cono de aviación. “Quiero aclarar que tanto el parque como el borde costero son totalmente públicos y de acceso libre. Existe una pequeña porción edificada, que son edificios que no superan los 29 metros de altura en su parte más alta”, expresó al respecto Frank.

No solo el verde

“La idea es que se dé un debate informado y no en torno a fake news que pretenden instalarse para demonizar el proyecto”, señaló a este medio Diego García de García Vilas, jefe del bloque de Vamos Juntos en la Legislatura. “Estamos hablando de dos predios. El primero, el de Costa Salguero, tiene 18 hectáreas, 14 de las cuales serían espacio público, mientras que solo 4 salen a la venta. El segundo es el de Punta Carrasco: tiene 9 hectáreas, está pensado que 65 por ciento sea espacio público y 35 equipamiento que no se va a vender, solo concesionar”, aclara.
El legislador dice que es falso que se trate de un barrio náutico de lujo. “Para mí la discusión es: ‘¿deben las 18 hectáreas ocuparse totalmente por espacio público, o podemos pensar en otra área ligada a lo que es el disfrute de la ciudad y los servicios?’. Mi visión es que el espacio público no se disfruta solo por el verde, sino también tomando un café y mirando tiendas. Esas cuatro hectáreas generan un espacio con una lógica parecida a la de Puerto Madero, que es la que estamos buscando”, concluye.
Pablo Güiraldes, arquitecto especialista en diseño y desarrollo urbano, refiere que muchas ciudades han buscado reconquistar su relación con el agua no solamente con verde, sino también con barrios. “Hace falta gente que viva esos lugares, no por tener un parque se genera un buen uso”, dice y cita ejemplos mundiales como los waterfront de Washington y Copenhague.

 

No más cemento

Pero tras las primeras intervenciones destinadas a defender al proyecto, las críticas no tardaron en llegar: tanto la oposición como organizaciones sociales y referentes de la arquitectura se mostraron a favor de un parque público y manifestaron que el proyecto del Ejecutivo es en realidad una privatización, que la ciudad “no quiere más cemento” y que para esa zona debería procurarse un espacio verde capaz de mitigar las inundaciones, regular la temperatura y afrontar eventuales ascensos en los niveles del río.


“Proponer usos privados en tierras públicas alegando que los usos mixtos favorecen la seguridad o la generación de empleo es una distorsión conceptual que vulnera principios de equidad. Es como si se propusiera admitir viviendas u oficinas en el Parque 3 de Febrero”, expresó Bárbara Rossen, responsable de Derechos Urbanos de la Defensoría del Pueblo porteña, mientras que la integrante del Colectivo de Arquitectas Graciela Novoa destacó que el proyecto va a derivar en “la pérdida de recursos no renovables en un lugar estratégico”.


El abogado y ambientalista Enrique Viale observa que los porteños estamos jugándonos la última oportunidad de reconciliarnos con el río a través de un parque costero “grande y contundente”. “La privatización de espacio público que hemos vivido en los últimos 14 años es desesperante. Y somos una de las capitales con menos cantidad de metros cuadrados verdes por habitante del planeta”, advirtió en diálogo con este medio. Y remató: “El jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta es el funcionario más mediáticamente blindado de la Argentina. La forma de frenar esto es romper ese cerco mediático. Todo ese terreno debería ser un parque público. Al fin y al cabo, el río es el único lugar donde se puede ver el horizonte”.

Nota del editor

No hay antecedentes de que una audiencia pública logre torcer el distino de un proyecto de ley; como se aclaró, por su carácter no vinculante con el mismo.  Es un trámite formal que se debe cumplir antes de aprobar la norma. El oficialismo cuenta con mayoría automática en la Legislatura porteña para lograr su aprobación. Sin dudas que "habrán tomado nota" de la masiva asistencia para evaluar costos políticos. Pero quiénes participan de estas instancias son las organizaciones vecinales y políticas, y como lo hizo el Gobierno de la Ciudad frente a otros proyectos que generaron controversia, sondeará a los ciudadanos no - organizados para conocer también su opinión sobre este tema. 

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