Coghlan

Palacio Roccatagliata: solicitan juicio político a los jueces que habilitaron las obras en Coghlan

El 26 de diciembre pasado, en la plataforma Change.org, varias organizaciones sociales, sindicatos e instituciones impulsaron un nuevo petitorio que busca juntar 7500 firmas para iniciar juicio político a los Jueces del Tribunal de Justicia (TSJ) de la Ciudad. El principal reclamo tiene que ver con la decisión que tomaron de negar el acceso a la Educación Pública a aquellos que no presenten certificado de pobreza.

El pedido de enjuiciamiento es dirigido a los Jueces de la Mayoría Automática del TSJ, Marcela De Langhe, Inés M. Weinberg, Santiago Otamendi y Luis Francisco Lozano, por diferentes decisiones judiciales, entre ellas, la sentencia del 25 de octubre de 2018 (Expte. N° 15101/18), en la que “declararon legal la obra alrededor del Palacio Roccatagliata admitiendo que el Poder Ejecutivo puede establecer excepciones a la planificación violando la división de poderes y competencias que estable la Constitución de la Ciudad. La obra violaba cada uno de los parámetros urbanísticos del Código de Planeamiento Urbano”.

 

El Observatorio del Derecho a la Ciudad lanzó la petición con el lema “Juicio Político para destrior la Educación Pública”, alegando que la sentencia del 16 de diciembre pasado (Expte. N° 15955/18), “destruye los principios de universalidad, gratuidad, inclusión, igualdad y prohibición de discriminación y segregación de cualquier tipo, que forman parte del paradigma de la Educación Pública al establecer que el GCBA sólo tiene obligación de brindar una vacante antes de la escolaridad obligatoria a las personas que demuestren que no pueden pagar una escuela privada (certificado de pobreza)”.

En este sentido, argumentan que hacen caso omiso al art. 24 de la Constitución de la Ciudad que establece: “La Ciudad asume la responsabilidad indelegable de asegurar y financiar la educación pública, estatal laica y gratuita en todos los niveles y modalidades, a partir de los cuarenta y cinco días de vida hasta el nivel superior".

Entre las distintas entidades que impulsan el juicio político, figuran el Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPYPP), la Unión de Trabajadores de la Educación - Capital (UTE), la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) - Regional CABA y las Madres de Plaza de Mayo, Línea Fundadora (Taty Almeida).

Vale recordar que el Tribunal Superior de Justicia está compuesto por cinco magistrados propuestos por el Jefe de Gobierno con acuerdo brindado por los dos tercios del total de los miembros de la Legislatura de la Ciudad, en sesión pública especialmente convocada al efecto y que sólo podrán ser removidos por juicio político.

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